La Asociación de Abogados ha abierto fuego sobre el proyecto de reforma de la justicia en Marruecos en presencia de Mustapha Ramid, quien respondió a la invitación del coloquio organizado recientemente en Safi bajo el lema «La reforma de la justicia depende de una voluntad política real».

El Sr. Wahbi, presidente de la Asociación de Abogados de Marruecos, criticó al Ministerio de Justicia, al que acusó de monopolizar el debate sobre las reformas del sector adoptando enfoques y mecanismos que no servirán en ningún caso a los fines de este proyecto. El cual ha excluido a los principales actores y minimizado la participación de la autoridad judicial.

El Sr. Wahbi rechazó categóricamente las recetas de «prêt-à-porter», ya que la reforma no es una actividad estacional sino un proceso continuo y acumulativo.

El presidente del colegio de abogados de Safi, por su parte, insistió en la necesidad de una sinergia de esfuerzos con el fin de hacer prosperar el proyecto de reforma de la justicia y así hacer frente a la crisis que está cobrando fuerza.

Amine Ezzine, secretario general de la Unión de Abogados Árabes, se centró en la prioridad de tener una visión global sobre el proyecto de reforma de la justicia, que se enfrenta a múltiples obstáculos en la región árabe en general. La reforma debería tomar en consideración las leyes, las técnicas, las herramientas, las garantías y la cuestión moral en primer lugar para lograr la instauración de una autoridad judicial eficaz, competente e independiente.

Durante su intervención, el ministro de Justicia, Mustapha Ramid, recordó la voluntad real y política de llevar a cabo esta reforma, destinada a aplicar los principios de independencia y consolidación de las prerrogativas del aparato judicial contenidos en la nueva Constitución. Para él, este proyecto debería constituir una plataforma para un debate nacional y participativo que desemboque en una Carta nacional de referencia del sector de la justicia.

Cabe recordar que, según su nota de presentación, la reforma de la justicia tiene varios objetivos estratégicos: reforzar la confianza de los ciudadanos y la credibilidad de la justicia, así como su papel en el ejercicio de los derechos y libertades con el fin de reunir las condiciones de un juicio justo, facilitar el acceso de los ciudadanos a la justicia y consolidar la calidad y la transparencia de los servicios judiciales, así como su celeridad, y actualizar el sistema judicial, modernizarlo y ponerlo al servicio de los ciudadanos y de los imperativos del desarrollo. Objetivos que, ante las múltiples críticas hechas a la ausencia de criterios objetivos uniformes en la composición de la alta instancia de diálogo, a la exclusión de ciertas profesiones judiciales de la misma y a la metodología de trabajo elegida por Mustapha Ramid, parecen cada vez más difíciles de alcanzar.