Los sindicatos no son bienvenidos en la zona franca de exportación de Tánger. Los empleadores parecen opuestos a toda actividad sindical y no dudan en combatirla por todos los medios. Esto es lo que acaban de descubrir los trabajadores de la sociedad Electrical Components International (ECI), especializada en la producción de cables y componentes electrónicos, que despidió abusivamente, el pasado mes de enero, a diez empleados que querían constituir una oficina sindical dentro de la empresa.

«Tan pronto como se informó de la creación de dicha oficina, la administración procedió a los despidos de sus miembros, así como de otros asalariados cuyo único crimen es ser antiguos sindicalistas. Lo peor es que la dirección justificó estos despidos por motivos ficticios como la incompetencia de algunos obreros, cuando tienen más de 10 años de experiencia, o por la incitación a la violencia dentro de la empresa, como fue el caso para mí y para otra obrera», nos declaró Mohamed Charki, miembro de un sindicato, antes de proseguir: «Pero la administración de ECI no se detuvo ahí. Hizo un llamamiento a los servicios de una sociedad de seguridad privada con el fin de obligar al personal despedido a no incorporarse a su puesto de trabajo. Los agentes de esta última no dudaron en golpear salvajemente a estos trabajadores despedidos, algunos de los cuales fueron transportados al hospital en estado crítico bajo la mirada benevolente de los agentes de la autoridad local. Peor aún, esta misma empresa no dudó en proferir amenazas contra los otros obreros con el fin de obligarles a desolidarizarse con nosotros, lo que constituye una violación flagrante de la Constitución marroquí, de la legislación laboral en vigor y de los principios estipulados en las convenciones internacionales relativas a los derechos humanos, económicos y sociales».

Pero, ¿por qué este ensañamiento contra un derecho garantizado tanto por el texto constitucional como por la ley? «ECI no quiere una oficina sindical porque no quiere entablar un diálogo responsable sobre las reivindicaciones de los asalariados, referentes esencialmente al respeto de la legislación laboral en vigor», nos reveló nuestra fuente. Según ella, las violaciones y ataques al Código del Trabajo son legión. «La empresa no remunera correctamente las horas trabajadas. Nos paga 7 horas y media de trabajo cuando trabajamos 8 horas al día. Del mismo modo, para las horas extraordinarias y las efectuadas por la noche y los días de descanso semanal, los obreros no tienen derecho ni a una subida ni a ninguna retribución. Ídem en lo que concierne al respeto de las normas de seguridad y de salud en el trabajo, puesto que los accidentes son frecuentes debido al material y a las materias utilizadas en la producción», nos indicó Mohamed Charki.

La política de contratación del personal de la empresa fue también señalada por nuestra fuente. Según ella, esta política dice mucho sobre la indiferencia que la dirección de ECI muestra respecto a la protección de los derechos de los trabajadores. «Esta sociedad, recién instalada en la zona franca y cuya sede se encuentra en Saint-Louis, en Misuri, contrata a menudo a través de contratos de interinidad o ANAPEC, que no garantizan en nada la estabilidad del empleo, puesto que su duración de vida no supera los 6 meses para el primer tipo y dos años para el segundo. Peor aún, estos contratos permiten evitar pagar las cargas sociales. De hecho, varias obreras no están registradas ni en la CNSS ni en ninguna mutua».

Contactada por nosotros, la empresa en cuestión no juzgó útil responder a nuestras llamadas. Un miembro del servicio de recursos humanos de la misma no se dignó a tomar nota de los mensajes que le dirigimos.

Sin embargo, la situación de los trabajadores de ECI no es única. Un informe titulado «Marruecos, zonas francas, derechos de los trabajadores y estrategias sindicales», establecido por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), constató también las prácticas antisindicales de los empleadores de la zona y la pasividad de la administración en cuanto a la aplicación de la legislación en materia de libertades sindicales. En efecto, los empleadores no toleran la creación de oficinas sindicales en las empresas y las autoridades administrativas no asumen sus responsabilidades en materia de respeto de la legislación laboral.

Las prácticas más atentatorias al derecho de organización siguen siendo, entre otras, el despido de los trabajadores sindicalizados o de aquellos que intentan organizarse en sindicatos; la no ejecución de las sentencias en favor de los asalariados; la limitación de la movilidad de los cuadros sindicales dentro de las empresas y la prohibición de las reuniones sindicales dentro de las mismas, reveló el estudio.

Prácticas que crean un clima de terror entre los asalariados de toda la zona, puesto que los sindicalistas despedidos, al ser colocados en listas negras, se encuentran automáticamente prohibidos de contratar otros empleos en la zona franca de Tánger.