¿Habría sido pensado a toda prisa el proyecto de Tamesna? Desde la apertura de esta ciudad, han estallado varios problemas que suscitan el descontento de los habitantes, empezando por la ausencia de medios de transporte, la falta de conexión de algunos edificios a la red de saneamiento y la falta de alumbrado en algunos barrios. A estos disfuncionamientos se añaden problemas relacionados esta vez con la fecha de entrega de las viviendas. Algunos proyectos inmobiliarios llevados a cabo en el marco de la asociación entre el grupo Al Omrane y promotores inmobiliarios extranjeros se encuentran en una situación de bloqueo, generando problemas serios para los beneficiarios concernidos por productos sociales y las sociedades extranjeras de promoción inmobiliaria. Este folletín comenzó en 2009, con la sociedad «General Contractor». La empresa, que sufría graves problemas financieros y de gestión, no pudo respetar los compromisos y las obligaciones contractuales con sus clientes, sobre todo los relativos a las fechas de entrega fijadas a partir del cuarto trimestre de 2007.

El no respeto de los plazos frente a los clientes ha arrastrado otros problemas, notablemente el retraso en los pagos de los proveedores, la parada de las obras y los embargos preventivos sobre los bienes. En efecto, Al Omrane había incluso retirado los terrenos concedidos a la empresa, dado que no había honrado sus compromisos de construir y entregar viviendas sociales a tiempo. En reacción, los clientes que ya habían pagado anticipos de hasta el 48% del precio total de la venta recurrieron al Ministerio de Urbanismo y Ordenación del Territorio para pedir su arbitraje en el conflicto. Cinco años más tarde, la misma empresa reincide. Pero esta vez, no es la única. La sociedad malasia Al Hidaya Développement también es señalada por no haber honrado sus compromisos. En total, son nada menos que 3.500 familias víctimas de este retraso que ha durado más de cinco años, puesto que los proyectos comenzaron a finales de 2009. Preocupado por encontrar una solución a este problema, el Ministerio de Vivienda y Política de la Ciudad, que fue requerido por las familias víctimas para un arbitraje, ha encargado a una comisión de mediación, presidida por la inspectora regional de Vivienda, Amina Bouktab, llevar a cabo consultas con las partes concernidas para despejar propuestas concretas susceptibles de desembocar en soluciones rápidas y aceptables por las partes en conflicto. Pero ante el no respeto de los compromisos de la sociedad malasia, Al Omrane Tamesna ha decidido iniciar un procedimiento de persecución judicial. En cuanto al ministerio, continúa las negociaciones en el marco de su estatus de mediador. «Vamos a continuar la mediación entre las dos partes para encontrar una solución, porque la situación de estos proyectos inmobiliarios impacta negativamente en los esfuerzos emprendidos por el ministerio para dinamizar el desarrollo de la ciudad nueva de Tamesna y atenta contra su imagen y su atractivo», subraya una fuente del departamento de Nabil Benabdellah. Por su parte, las familias cuentan con continuar sus acciones para encontrar una salida favorable a este expediente. En este sentido, los manifestantes acaban de organizar una sentada el miércoles pasado en Rabat para hacer oír su voz. «Las dos empresas deberán asumir las consecuencias de su retraso, que ha perjudicado a muchas familias. Algunos beneficiarios han fallecido, por otra parte, esperando la fecha de entrega de estos apartamentos, mientras que todas las familias han pagado el 60% del valor de estos bienes. ¡Es escandaloso!», exclama Miloud Hachimi, presidente de la Asociación Tamesna para el Desarrollo.