Por enésima vez, las autoridades locales competentes de Sidi Harazem siguen sin poder ejecutar una decisión judicial. Una comunidad compuesta por varias familias sufre enormemente por ello, debido a que ni siquiera puede acercarse a su terreno de 467 ha, situado cerca de Sidi Harazem.

Y por una buena razón, los elementos de la gendarmería «no hacen correctamente su trabajo», según un testigo. El último hecho hasta la fecha se remonta a casi dos semanas: los gendarmes, supuestos garantes de la ejecución de la decisión del tribunal, permanecieron lejos del lugar. Estacionando su único vehículo a dos kilómetros, los gendarmes daban, según la familia Benslimane, beneficiaria de este auto, una señal de severidad contra posibles alborotadores.

Los habitantes del Douar, entre ellos una decena de personas buscadas por la justicia, impedían cualquier ejecución, sin razón válida, salvo amenazas explícitas proferidas por algunos contra los miembros de la familia que se beneficiaron de una decisión judicial. «Si en nuestro país no logramos disfrutar de nuestros derechos, incluida la ejecución de una decisión judicial, ¿qué podemos esperar de las autoridades? ¿Por qué no nos protegen?», se pregunta Driss Benslimane, uno de los herederos de la familia.

En los diferentes atestados establecidos por agentes judiciales sobre este asunto, se puede leer que un centenar de personas, incluidos niños y mujeres, prohíben a las autoridades judiciales competentes realizar su trabajo, pretextando el hecho de que esta tierra, dedicada a la agricultura, pertenece a sus antepasados.

En una parte de este terreno, se cuentan, según el censo de 2004, cerca de 374 personas, una mezquita, una escuela y un cementerio. Las autoridades son testigos de la proliferación de la vivienda insalubre en este terreno, sin que los servicios competentes intervengan.