Los participantes en una jornada de estudio, el sábado en Tahla, sobre los terrenos colectivos y su papel en el desarrollo, han pedido vivamente la abolición del Dahir de 1919 relativo a las tierras colectivas. Durante este encuentro organizado por la Asociación Adrar, investigadores, académicos, actores asociativos, representantes de comunidades étnicas, elegidos, representantes de sindicatos y de partidos políticos han subrayado la imperativa necesidad de promulgar una nueva ley relativa a la gestión de los terrenos colectivos. Una manera, dicen, de paliar todas las lagunas y de dedicar estos terrenos al desarrollo. La ley de 1919 no es, desde hace mucho tiempo, capaz de responder a las aspiraciones de las poblaciones y titulares de derechos. «Estas tierras han sido durante décadas objeto de dilapidación por parte de redes compuestas por miembros de las autoridades locales, especuladores y «nouabs» empujados por la ignorancia y su pobreza a «colaborar». Es, por tanto, hora de racionalizar la explotación de lo que queda de estas tierras, con la promulgación de una nueva ley», han declarado los participantes.

Han pedido así una reflexión profunda, en el marco de un coloquio nacional, que incluya a todas las partes interesadas, con el fin de poner fin a una situación caótica que rige esta cuestión. Y añaden que lo primero que habría que emprender sería el censo de las tierras colectivas y de los titulares de derechos. Una gestión racional también sería posible con la voluntad de desarrollar y mejorar la prestación de los representantes de las comunidades étnicas «nouabs», a través de la promulgación de un nuevo estatuto y la celebración de sesiones de formación en su favor. «No se entiende hasta ahora cómo se elige a los nouabs, cómo se seleccionan los proyectos de desarrollo financiados por el fondo de la tutela, ni tampoco cómo se continúa en muchos casos trabajando con nouabs que ya no tienen estatuto, en el plano jurídico», se han preguntado los titulares de derechos de varias zonas de la región.

El encuentro, que contó con la participación del Congreso Mundial Amazigh (CMA), de la Asociación de Poblaciones de las Montañas del Mundo (APMM), de la Asociación Adrar-Boulman y del polo de jóvenes de Taza, se centró especialmente en las posibilidades de impulsar la defensa en la materia que debía desembocar en una nueva ley. Pero una de las recomendaciones que muestra la laxitud del Estado sigue siendo la puesta en marcha de las conclusiones y recomendaciones del primer encuentro nacional en 1995, que han quedado en papel mojado.