El fiscal general ante el Tribunal de Apelación de Rabat afirmó, el martes, que el juez de instrucción ante esta jurisdicción ha ordenado el ingreso en detención preventiva de seis individuos por su supuesta implicación en la preparación de actos de sabotaje dirigidos contra estructuras portuarias, barcos y la seguridad interior del Estado.

Un comunicado de la Fiscalía precisa que los implicados también son perseguidos por obstrucción a la libertad de trabajo y participación en la divulgación de secreto profesional.

La misma fuente recuerda que el fiscal general ante este Tribunal "ha recibido informaciones según las cuales unos individuos han perpetrado actos ilegales de naturaleza a atentar contra la seguridad interior del Estado y contra los intereses económicos nacionales, a dañar estructuras, puertos y barcos y a obstaculizar la libertad de trabajo en el puerto Tánger-Med, una arteria económica vital del Reino que hace frente a una competencia feroz de puertos extranjeros vecinos".

Los implicados, explica el comunicado, se sirvieron de conflictos de carácter social que conoce Tánger-Med desde hace meses, los cuales estaban a punto de paralizar este recinto durante el mes de mayo pasado, después de que empleados del puerto inmovilizaran dos barcos con la ayuda de grúas, cuyos tripulantes recurrieron a la fuerza y a la amenaza. Estas protestas también impidieron a barcos italianos contractuales, supuestos a asegurar el transporte de inmigrantes entre ambas orillas del Mediterráneo, y obstaculizaron el movimiento de todos los barcos en Tánger-Med y en el puerto de Béni Ansar, prosigue el comunicado, afirmando que estos actos fueron cometidos para "servir intereses personales, los de personas y empresas extranjeras competidoras".

Según la misma fuente, el fiscal general ante el Tribunal de Apelación de Rabat ha ordenado una investigación sobre un grupo de individuos por su supuesta implicación en la constitución de una banda criminal con el fin de sabotear estructuras, puertos y barcos y de atentar contra la seguridad interior del Estado, así como en la participación en la obstrucción a la libertad de acción y la divulgación de secreto profesional.

Sobre la base de una comisión rogatoria, el juez de instrucción ha encargado a la Brigada Nacional de la Policía Judicial llevar a cabo investigaciones tras las cuales siete individuos han sido interrogados, añade el comunicado, precisando que seis implicados han sido puestos en detención preventiva. La investigación sobre este asunto sigue en curso.