El diálogo social retoma su curso con la reunión de hoy de la comisión del sector público. Un encuentro que será presidido por el ministro encargado de la Función Pública y la Modernización de la Administración, Abdelaâdim Guerrouj, y en el que participarán los 5 sindicatos más representativos que forman parte de las conversaciones del diálogo social. Se discutirán dos puntos: la metodología de trabajo y el examen del orden del día para definir las prioridades.

Esta reanudación en el tiempo prometido de esta ronda estuvo precedida por un combate dialéctico entre el ministro de Empleo y los sindicatos a propósito de la ley que regula el derecho de huelga, cuya versión inicial había sido preparada por el antiguo gobierno y guardada en los cajones debido a la oleada de protestas en su contra.

Es, de hecho, bajo el signo del rechazo a esta ley que los sindicatos, a excepción de la UGTM, pretenden llevar a cabo su lucha. Un combate que les parece tanto más crucial cuanto que este proyecto forma parte de un paquete que incluye otros textos, a saber, la ley que regula los sindicatos profesionales y las condiciones excepcionales que permiten concluir contratos de duración determinada.

Todos estos textos elaborados unilateralmente por el gobierno no parecen agradar a los interlocutores sociales, ya que tanto la FDT como la UMT, por ejemplo, ya han tomado posición al respecto. Han afirmado, a modo de ejemplo, su rechazo puro y simple al proyecto de ley sobre la huelga. Una iniciativa que se explica tanto más fácilmente cuanto que el gobierno solo ha inscrito en la Ley de Finanzas la puesta en aplicación de las disposiciones a las que su predecesor se había comprometido.

¿Tiene el gobierno Benkirane algo nuevo que ofrecer a los sindicatos? ¿Se lo permitiría la coyuntura económica actual? Nada es menos seguro. Como prueba, en su presupuesto de 2012, el gobierno solo dedica 13.200 millones de DH a la puesta en marcha de los compromisos contraídos en el marco del diálogo social en 2012, sabiendo que numerosas medidas que figuran en el acuerdo del 26 de abril de 2011 esperan su aplicación. ¿Está esta dotación en condiciones de satisfacer a los sindicalistas y responder a sus reivindicaciones? ¿Logrará el gobierno atenuar el descontento social, avivado especialmente tras su decisión de proceder a descuentos en los sueldos y salarios de todos los huelguistas, y particularmente los de la administración pública?