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Noticias 24 May 2013 3 min de lectura

La justicia pide la aplicación del acta del 20 de julio: Los graduados desempleados triunfan sobre Benkirane

Los graduados desempleados firmantes del acta del 20 de julio de 2011 con Abbas El Fassi han terminado por ganar la partida.
La justicia pide la aplicación del acta del 20 de julio: Los graduados desempleados triunfan sobre Benkirane

Un duro golpe para el jefe de gobierno. Los graduados desempleados firmantes del acta del 20 de julio de 2011 con Abbas El Fassi han terminado por ganar la partida.

El tribunal administrativo de Rabat dictaminó el jueves 23 de mayo. Instó al gobierno a integrar a los firmantes del acta del 20 de julio de 2011 en la función pública, y a indemnizarlos financiera y administrativamente teniendo en cuenta la fecha de firma.

Esto es lo que indicaron a ALM varios miembros de las coordinaciones de graduados desempleados afectados. «Abdelilah Benkirane nos había desafiado a recurrir a la justicia, prometiéndonos que solo aplicaría el acta si el tribunal fallaba a nuestro favor. Hoy, el jefe de gobierno ya no tiene ninguna excusa para no respetar los compromisos asumidos por el Estado», subrayó Jamal Guilloul, uno de los firmantes del acta.

Y añadió: «Coronando dos años de espera y protestas, este juicio pone fin a una injusticia y al elitismo: el jefe de gobierno siempre ha mostrado en público su negativa a contratarnos, mientras que entre bastidores integraba directamente en la función pública a varios estudiantes procedentes de las provincias del Sur».

Como recordatorio, el acta del 20 de julio de 2011 fue firmada por el gobierno de Abbas El Fassi con las coordinaciones de graduados en desempleo.

El gobierno anterior se comprometió en virtud de este acuerdo a contratar en la función pública directamente y sin concurso a los firmantes del acta, que cuentan con más de 3.500 miembros. Pero con la llegada del gobierno islamista, Abdelilah Benkirane se negó categóricamente a aplicar el acta argumentando que sus disposiciones son «inconstitucionales y no conformes con el estatuto de la función pública».

«Las disposiciones del acta violan el principio de igualdad de los ciudadanos para ocupar puestos en la función pública. La contratación en la función pública se efectuará sobre la base de la meritocracia, de conformidad con el artículo 31 de la Constitución», había subrayado el jefe del Ejecutivo, en mayo de 2012 durante la sesión mensual dedicada a la política general. Unas palabras que no gustaron nada a los graduados desempleados. En reacción, estos últimos habían alzado el tono en varias ocasiones y dejado sentir su ira en la capital, organizando varias sentadas, marchas y huelgas de hambre, o incluso ocupando ministerios.

Los comités de coordinación de los graduados desempleados firmantes del acta del 20 de julio de 2011 incluso habían enviado una carta a Idriss Yazami, presidente del Consejo Nacional de Derechos Humanos, y expresado su petición de ver intervenir a SM el Rey Mohammed VI.n

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