Los habitantes de la comuna de Imilchil están enfadados. Desde el domingo pasado, no han cesado de multiplicar las protestas y las marchas para protestar contra el control de la Oficina nacional de electricidad y agua potable (ONEEP) sobre los recursos hidráulicos de la comuna, considerados como recursos propios de la tribu de Ait Haddou. Incluso amenazan con una marcha sobre Rabat el próximo domingo para protestar ante la sede de la presidencia del gobierno.

Para ellos, no se trata de facturar el suministro de agua potable, sobre todo porque la población de esta localidad vive en la pobreza y la exclusión. «Los recursos de agua potable de Imilchil dependen en gran parte de un pozo y de una fuente de agua que son propiedad de nuestra tribu y que hemos explotado desde hace siglos. Por eso, nos parece inaceptable que la población pague lo que considera su derecho», nos declaró un habitante de la comuna.

Según él, los problemas comenzaron cuando el consejo comunal confió a la ONEEP la gestión de la fuente y del pozo excavado por el ministerio de Agricultura en los años 80 con el fin de suministrar agua a las tierras agrícolas. «Dicho consejo deliberó sin consultar a la población ni tener en cuenta el nivel de vida de los habitantes abandonados a su suerte por la administración y el Estado», nos confió nuestra fuente.

En efecto, la localidad de Imilchil está situada a una altitud media de 2.300 metros, en la parte septentrional del Alto Atlas. Una zona aislada y enclavada que agrupa a una cincuentena de pueblos y casas construidas en adobe y una población que vive en una pobreza extrema y una tasa de analfabetismo elevada (la renta por habitante no supera los 2000 DH/año). Pero no solo el consejo comunal es el culpable. Los habitantes enfadados también han disparado con bala contra la ONEEP, acusada de excluir a más de 30 individuos de la conexión a las redes de agua potable y electricidad. «La ampliación de la red estuvo plagada de fallos y pocos son los que se han beneficiado de ella», nos indicó nuestra fuente.

¿Qué proponen entonces los habitantes protestantes? La anulación de la decisión del consejo comunal relativa a la gestión del agua y de la electricidad, así como la gratuidad de los servicios de la ONEEP. Recomendaciones que no parecen haber sido tenidas en cuenta por el consejo a pesar de las negociaciones llevadas a cabo por las autoridades locales y que actualmente están en punto muerto.

Por parte de la ONEEP, la dirección regional del centro-sur nos confirmó que la gestión del agua en esta localidad se decidió tras una deliberación del consejo comunal y tras la firma de un convenio. «No tenemos ningún problema con la población de esta comuna. Nuestro interlocutor es el consejo comunal y no los habitantes. Para nosotros está claro que todo trabajo efectuado conlleva cargas financieras a pagar», nos declaró un responsable de esta dirección.