El tribunal militar de Rabat terminó, el martes por la noche, las audiencias de las personas implicadas en los acontecimientos ocurridos durante el desmantelamiento del campamento Gdeim Izik en Laâyoune.

Al término de cuatro días de audiencia, el tribunal escuchó al conjunto de los acusados, de los cuales cada uno dio su versión de los hechos, expresó sus opiniones, incluidas las políticas, y respondió a las preguntas del ministerio público y de la defensa sobre las acusaciones retenidas contra ellos.

Los 24 acusados en este asunto, uno de ellos en libertad provisional, son perseguidos por «constitución de bandas criminales, violencias premeditadas contra las fuerzas del orden que han provocado muerte de hombres y mutilación de cadáveres».

Durante la sesión del martes, la defensa presentó un conjunto de peticiones, incluida una solicitud de peritaje médico sobre uno de los acusados que el tribunal decidió examinar al final de las audiencias. El tribunal, en cambio, rechazó las peticiones relativas al examen de los objetos incautados como instrumentos del acto criminal, de tomar las huellas dactilares y de compararlas con las huellas de uno de los acusados.

El juicio, que se abrió el 1 de febrero, conoce una presencia en todas las audiencias de observadores nacionales e internacionales, así como de representantes de numerosas asociaciones y organizaciones de los derechos humanos y de medios de comunicación marroquíes y extranjeros. Intérpretes y traductores jurados están también presentes permanentemente en el tribunal para asegurar la traducción al francés, inglés y español.

Paralelamente a la celebración del juicio, las familias de las víctimas y de los acusados organizan sentadas pacíficas ante la sede del tribunal.

Los acontecimientos de Gdeim Izik, que se remontan a los meses de octubre-noviembre de 2010, habían causado 11 muertos entre las fuerzas del orden, incluido un elemento de la Protección Civil, 70 heridos entre estas mismas fuerzas, varios de ellos gravemente alcanzados, y otros cuatro heridos entre los civiles, además de daños materiales consecuentes y daños a edificios públicos y bienes privados.