Tras las instrucciones reales que solicitan la apertura de una investigación judicial y la aceleración de los trámites para que los habitantes del proyecto «Firdaouss» puedan beneficiarse de los documentos administrativos y de sus bienes, fuentes bien informadas indican que una veintena de funcionarios que estaban encargados de la gestión de los asuntos locales en Khouribga desde 2003 han sido interrogados por la Policía Judicial.

En el marco de la investigación preliminar, el empresario encargado de la construcción del proyecto, así como el personal de los servicios técnicos de la ciudad, también fueron convocados para ser escuchados por los servicios de la brigada nacional. Las instrucciones en curso se refieren a las autorizaciones administrativas, la ingeniería, los documentos entregados a los compradores antes del lanzamiento del proyecto residencial y todas las partes interesadas en la ejecución de dicho proyecto.

Las mismas fuentes indican que altos funcionarios todavía en ejercicio en otras regiones del país deberían ser suspendidos de sus funciones, tras haber estado asociados de una manera u otra a este expediente cuando estaban en activo en Khouribga.

Cabe recordar que Su Majestad el Rey, con motivo de su última visita a Khouribga, había dado sus instrucciones para que se tomaran las medidas necesarias para permitir a los residentes del complejo, que cumplen las condiciones requeridas, obtener rápidamente los documentos administrativos que les autorizan a hacer pleno uso de sus bienes, y emprender las acciones necesarias para la finalización de las fases que aún no han sido terminadas del proyecto. El Soberano también había ordenado la apertura de una investigación judicial bajo la supervisión de la autoridad competente del fiscal para determinar las responsabilidades y la aplicación de la ley.

Los detalles del expediente del proyecto de vivienda «Firdaouss» se remontan a mediados de 2003, cuando una sociedad llamada (Alianza de trabajos de revestimiento de calzadas y promoción inmobiliaria) se benefició de un terreno perteneciente al dominio del Majzén, en el marco del procedimiento especial de inversiones que tienen como objetivo la propiedad inmobiliaria del sector del Estado, y construyó un complejo residencial compuesto por 57 edificios. Pero, en 2005, el proyecto fue modificado y se añadieron 5 edificios adicionales, totalizando 456 apartamentos y 114 tiendas y garajes para coches, sin haber obtenido las autorizaciones necesarias ni la aprobación de los planos de construcción.

Cuando la sociedad solicitó la obtención del certificado de conformidad y la licencia de habitabilidad para el complejo residencial, tres servicios (la provincia, el municipio de Khouribga y la Agencia Urbana) estimaron que el proyecto es ilegal y solicitaron al propietario del proyecto respetar lo estipulado en el pliego de condiciones y el contrato de venta, sabiendo que los puntos litigiosos habían sido autorizados por los mismos servicios.

Tras las últimas instrucciones reales, un comunicado del Ministerio del Interior indicó que desde el inicio de las obras en 2003, el proyecto ha conocido litigios a causa de las violaciones registradas durante las diversas etapas del proyecto. En efecto, en conformidad con las exigencias de la primera licencia entregada al promotor, el proyecto debía incluir unidades residenciales, tiendas de comercio así como un establecimiento hotelero.

Las diferentes verificaciones efectuadas por la Inspección General de la Administración Territorial del Ministerio del Interior registraron un gran número de violaciones graves, relacionadas con el incumplimiento de las leyes y reglamentos en vigor en materia de urbanismo. El comunicado del Ministerio del Interior añadió que debido a este conflicto, los habitantes del complejo no han podido obtener, hasta el día de hoy, los documentos de la propiedad inmobiliaria ni disfrutar de la conexión final a la red de agua y electricidad. ¿Podrían las investigaciones en curso hacer caer a ciertos altos funcionarios de la ciudad de Khouribga?