El expediente de reestructuración de las estribaciones está ya reactivado. El proyecto estuvo en el centro del debate de una reunión sobre el hábitat anárquico que se celebró el pasado viernes en la sede de la wilaya de Agadir. Normal, tras las demoliciones de cientos de hábitats anárquicos en los douars de estas localidades, el paso es ineludible si se quiere poner fin definitivamente al fenómeno del hábitat clandestino.

Los socios del expediente parecen comprometidos a realizar este proyecto que requerirá una inversión global de 200 millones de DH. Por el momento, los estudios están cerrados y los primeros mercados relativos a la instalación de la red de saneamiento y de las aducciones de agua potable deberían lanzarse este mes. Esta obra se articula en torno a tres componentes. Lo más urgente es, indudablemente, el traslado y el realojamiento de más de 400 hogares que residen en barrios que amenazan ruina. Fosas, acantilados o incluso canteras abandonadas, los terrenos de la zona son en efecto accidentados y requieren protecciones para evitar accidentes en los alrededores de los hábitats colindantes. Es lo que informaba ya una primera pericia realizada en 2008 por cuenta de la sociedad Al Omrane Agadir. Según este estudio, los douars de las estribaciones están construidos sobre un sitio de fuerte sismicidad. Por otra parte, hay riesgos de deslizamiento de tierra y de desprendimientos en algunos lugares, por tanto, gran peligro para las viviendas implantadas sobre taludes. Las que ocupan el dominio público hidráulico lo están también porque son zonas inundables. Estos douars se implantaron hace más de 100 años, precisa un habitante originario del lugar.

Sin embargo, a pesar de una población ancestral, los habitantes están todavía obligados a vivir de manera medieval. Es, por tanto, gran momento de que todo esto cambie. Queda que el plan de reestructuración presentado no convence a todos los habitantes. Para ellos, tras las demoliciones de los hábitats anárquicos, hay una nueva situación que hay que tener en cuenta y que es la de las familias sin techo. A la dirección de aquellas que son víctimas de los autores de prácticas fraudulentas que fomentan el hábitat anárquico, las autoridades locales abogan por el recurso a la justicia para desvelar y sancionar a los infractores. Avanzan también que aquellas que emprendan este paso serán apoyadas en la adquisición de una vivienda social a condición de que no sean ya propietarias.