El asunto de la muerte del joven senegalés, Charles Paul Alphonse Ndour, sigue causando revuelo. En efecto, las autoridades marroquíes han procedido a la expulsión de 25 migrantes hacia sus países de origen. Una medida calificada de inquietante por algunas fuentes asociativas, tanto más cuanto que muchas personas fueron testigos de las exacciones cometidas por jóvenes del barrio Boukhalef contra los migrantes subsaharianos, durante los trágicos eventos de este fin de semana. Sin embargo, algunas personas expulsadas no están concernidas ni de cerca ni de lejos por estos incidentes. «Somos 26 personas las detenidas por la policía por manifestación ilegal en la vía pública tras la muerte del joven senegalés. Un absurdo, puesto que me detuvieron delante del Café París, lejos del barrio Boukhalef. De hecho, no fui el único caso. Otras personas fueron aprehendidas únicamente por su piel negra», indicó Harouna, actor asociativo que fue después puesto en libertad antes de continuar: «Permanecimos detenidos durante tres días antes de pasar ante la fiscalía, que nos impuso una pena de prisión de un mes con suspensión y una multa de 1.000 DH». Sin embargo, el calvario de estas 26 personas no cesó por ello. En efecto, fueron llevadas a la comisaría central de Tánger antes de ser trasladadas a Casablanca. «Fue en la comisaría de policía donde supimos de nuestra expulsión hacia nuestros países de origen. A pesar de nuestras protestas y reclamaciones de proceder a una identificación, puesto que la mayoría de nosotros estamos en situación administrativa regular, los policías no prestaron atención a nuestras demandas», precisó nuestra fuente. Según Hicham Rachdi, secretario general del Grupo Antirracista de Defensa y Acompañamiento de los Extranjeros y Migrantes (GADEM), 17 personas de origen senegalés y maliense ya han sido expulsadas hacia sus países respectivos. Otras personas (cinco cameruneses, un nigerino y un nigeriano) siguen negándose a partir. «Se trata bien de un procedimiento ilegal, porque la expulsión colectiva está prohibida. La ley exige que estas personas tengan derecho a un recurso ante un tribunal para impugnar la decisión administrativa que permite su expulsión», precisó Hicham Rachdi. Unas palabras que comparte Saïd Bouamama, presidente de la Asociación Encuentro Mediterráneo para la Inmigración y el Desarrollo (ARMID), quien teme que estas expulsiones constituyan un giro en la política de las autoridades públicas hacia los migrantes irregulares, puesto que había una moratoria sobre las expulsiones. «Actuar así sin respetar los procedimientos en curso es inquietante y no augura nada bueno», concluyó.