El derecho al medio ambiente ha sido el centro de un encuentro organizado recientemente en Dajla por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

Este coloquio ha reunido a intervinientes en el ámbito del medio ambiente, incluidos representantes de los organismos competentes, públicos y privados, cargos electos, universitarios, ONG activas en los ámbitos de los derechos humanos y del desarrollo sostenible, además de representantes de las comisiones regionales del CNDH y de organizaciones internacionales de Francia y de España.

Este encuentro, celebrado bajo el lema: «Por la efectividad del derecho al medio ambiente», ha permitido resaltar las diferentes dimensiones vinculadas al derecho al medio ambiente y poner en evidencia su contribución a la promoción de la ciudadanía, como derecho esencial íntimamente ligado a los otros derechos de carácter económico, social y cultural. Durante el mismo, se puso el acento en la necesidad de circunscribir la noción de «derecho al medio ambiente» y los campos de intervención que abarca.

Según un comunicado del CNDH, la temática del coloquio giró en torno a «la correlación entre el derecho al medio ambiente y los otros derechos humanos», «el derecho al medio ambiente y el derecho internacional», «el derecho al medio ambiente, qué modos de gobernanza, qué actores y qué enfoques».

Y añadió que este encuentro realizó un estado de la situación de los derechos medioambientales por sector de actividad, incluyendo el urbanismo, la salud, el agua y el saneamiento. Permitió intercambiar experiencias en torno a esta temática entre las partes interesadas implicadas en los sectores del medio ambiente público y privado, las ONG y los expertos, y presentar las buenas prácticas en la materia.

El comunicado señala que el concepto de derecho al medio ambiente apareció, por primera vez, en el plano internacional con la declaración adoptada en Estocolmo, en junio de 1972, con motivo de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Fue consagrado progresivamente por otras convenciones internacionales o en el marco de Constituciones y leyes nacionales.

Y recordó que Marruecos ha consagrado explícitamente en el artículo 31 de la Constitución, el derecho a un medio ambiente sano al mismo tiempo que el derecho al acceso al agua y al desarrollo sostenible. En virtud del mismo artículo, el Estado, los establecimientos públicos y las colectividades territoriales están llamados a trabajar en la movilización de todos los medios disponibles para facilitar el acceso igualitario de las ciudadanas y los ciudadanos a las condiciones que les permitan disfrutar de dichos derechos.