Ben M'Sick aspira a convertirse en una prefectura sin chabolas en 2014. Esto es lo que anunció Mustapha Ameur, gobernador interino de esta prefectura de distritos. Según él, las operaciones de demolición de chabolas y de realojamiento de los habitantes se desarrollan bien, como lo atestiguan las estadísticas. En efecto, entre los meses de febrero de 2013 y 2014, se demolieron 595 chabolas, es decir, el 69%, y se distribuyeron 466 lotes de terreno equipados a 936 familias. Sin embargo, nada parece ganado de antemano. Los expedientes de las víctimas de las operaciones de censo constituyen todavía un lastre y corren el riesgo de retrasar seriamente la realización de esta ambición. En efecto, muchos son los que han calificado de dudosa la operación de censo, especialmente la de 2010, debido a que no se basó en criterios objetivos y que su desarrollo estuvo plagado de deficiencias. Particularmente, en su fase llamada de validación de los resultados por las autoridades locales. Así, varias personas se encontraron excluidas de las listas de beneficiarios a pesar de haber nacido y crecido en estas chabolas. A la cabeza, los jóvenes, especialmente los casados y aquellos que tienen hijos. Una población que no solo está excluida del derecho de acceso a la vivienda, sino que también tiene prohibido beneficiarse de ciertos documentos administrativos. En efecto, desde 2010, estos jóvenes ya no tienen derecho al certificado de residencia ni a otros documentos de identidad. Así, muchos son los que no disponen ni de tarjeta de identidad nacional ni de pasaporte. Peor aún, algunos incluso se casaron sin acta y tuvieron hijos sin poder registrarlos en los registros del estado civil. Graves acusaciones de corrupción, favoritismo y clientelismo han sido proferidas contra los mokaddems y los caídes, acusados de manipular las listas de beneficiarios. «Las acusaciones de corrupción de las autoridades locales son recurrentes. No pasa un día sin que recibamos quejas en este sentido», nos indicó el gobernador interino durante una conferencia de prensa celebrada el pasado viernes en la sede de la prefectura, antes de continuar: «A menudo, estas acusaciones son infundadas y proferidas por profesionales de la protesta que buscan perturbar esta operación. Hasta ahora, hemos evitado perseguir jurídicamente a estas personas porque no hemos querido crear otros focos de tensión». Incluso fue más allá. Niega toda responsabilidad de las autoridades locales en la operación de censo. Según él, el proyecto de realojamiento está destinado inicialmente a las familias censadas antes de 2010 y no a los jóvenes solteros. En cuanto a los criterios de elección, fueron fijados por el gobierno. Igual que la decisión de prohibir a ciertos residentes beneficiarse de documentos administrativos. Se trata, según él, de una decisión tomada a nivel central y que concierne a todo el territorio nacional. «Hay un programa que se ha puesto en marcha según unos criterios y nosotros no somos más que simples ejecutores de la política gubernamental», nos precisó antes de añadir: «Sin embargo, hemos iniciado un diálogo con estas presuntas víctimas y hemos creado una comisión encargada de examinar sus quejas. De los 256 expedientes, hemos aceptado 51». Y para las 205 familias restantes, solo les quedan sus ojos para llorar, ya que no tienen más vías de recurso y deben tomarse su mal con paciencia, esperando sin duda a que las excavadoras demuelan sus chabolas sobre sus cabezas. Una posición que traduce un cambio de óptica en la manera en que el Estado trata el expediente de las chabolas. Los poderes públicos se sienten hoy en posición de fuerza y negocian a partir de esta postura. Para las autoridades locales, el programa «Ciudades sin chabolas» debe tener éxito cueste lo que cueste y no son unas pocas familias que quieren tener más ventajas las que van a bloquear esta operación. En efecto, y a menos de un año del vencimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), el Estado quiere mostrarse como un buen alumno, aunque sea cometiendo irregularidades. Los poderes públicos pretenden así mejorar las condiciones de existencia de los pobres dándoles acceso al agua, al saneamiento y a viviendas de obra, pero creando al mismo tiempo nuevos focos de pobreza y otras chabolas. Una situación que ha sido reconocida por el propio Ministerio de Vivienda y Política de la Ciudad, que cuenta con reorientar la intervención de su departamento en Casablanca, donde el número de familias censadas en las chabolas ha sido revisado al alza.