Una vez más, una casa acaba de derrumbarse. Esta vez, es en la Medina de Marrakech que un alojamiento se ha desplomado. Es la enésima casa que conoce la misma suerte. Afortunadamente, este incidente no ha causado víctimas. En realidad, hay que decir que estamos ante una problemática real que comporta riesgos para la población. Desgraciadamente, el fenómeno que toma amplitud es inquietante porque el número de casas que amenazan ruina a través del país es espantoso y alarmante.

Unas estadísticas que datan de 2004 avanzan la cifra de 130.000 alojamientos que amenazan ruina o insalubres a través del país, de los cuales 66.000 solo para Casablanca. Una cifra a revisar al alza con las construcciones anárquicas desenfrenadas que han conocido todas las ciudades del país y el envejecimiento y la vetustez de buen número de alojamientos.

Si en Marrakech no ha habido víctimas, otros derrumbes han causado muertos y heridos como en Casablanca en la antigua Medina o también en la mezquita de Meknès. Si las casas se derrumban en pleno verano, ¿qué será durante los años lluviosos y donde las inclemencias del tiempo causarán más víctimas? Se asistirá a catástrofes. Y todo lo que haremos, como de costumbre, es poner en pie una comisión que elaborará un informe y hará el mismo balance que sus predecesores.

Ciertamente hay responsabilidades que determinar, pero seguramente no es la constitución de estas comisiones lo que resolverá el problema y aún menos con los estudios, los coloquios y mesas redondas sin fin. Mientras que se "estudia", vidas están en peligro, ciudadanos corren el riesgo de morir bajo los escombros de una casa que amenaza ruina.

Una de las prioridades del gabinete Benkirane debería ser la resolución de este problema. Los diferentes departamentos concernidos deben elaborar una estrategia global y un programa de acción en lugar de formular discursos populistas. En lugar de presentar condolencias cada vez a las familias de las víctimas, ¡actúen señores! La resolución del problema de las casas que amenazan ruina requiere una voluntad política gubernamental y local que la convierta en una prioridad. Hay que liberar para ello la financiación adecuada y los medios humanos necesarios.