Una sesión extraordinaria estaba prevista ayer para debatir la anulación de las decisiones de cesión de bienes municipales a precios irrisorios, incluso simbólicos, a saber, 600 DH el m2 en beneficio de cinco personas físicas.

Una decisión tomada en el marco de la sesión de octubre de 2009 y puesta al descubierto por «Libé» en repetidas ocasiones. Pero la opinión pública tomó conciencia de esta pérdida mucho después del inicio del procedimiento de adquisición por parte de uno de los cinco beneficiarios de un lote de 900 m2 situado en el barrio Tilal.

Partidos políticos, sindicatos y asociaciones reaccionaron fuertemente a la firma del contrato de cesión por Mohammad El Ferra en beneficio de dicho beneficiario, quien hizo todo lo posible para registrar este contrato ante los servicios de la conservación inmobiliaria. Las instancias políticas, sindicales y asociativas firmantes de un comunicado común habían pedido la intervención de la jurisdicción financiera, puesto que se trata de un asunto de pérdida de fondos públicos y de mala gestión que atenta contra los intereses de los ciudadanos. El gobernador de la provincia de Essaouira finalmente dio la razón a los manifestantes al requerir a El Ferra mediante una carta pidiéndole la anulación del contrato de cesión n° 2/2012 del 12 de marzo de 2012.

«Como solo se trataba de un caso, había que tratar el asunto en su globalidad anulando el conjunto de las decisiones de cesión que están en la base de este escándalo. Este asunto refleja claramente las irregularidades relativas a la gestión de la municipalidad de Essaouira, ¡ya que la última operación de cesión realizada en 2002 había evaluado el metro cuadrado en más de 1000 dirhams! ¿Sobre qué base se fijó el precio de 600 dirhams sabiendo que el precio de mercado evalúa el precio del metro en las zonas en cuestión entre 6.000 y 10.000 dirhams?», se pregunta un edil municipal.

Como el exgobernador no había expresado claramente el rechazo de las decisiones de esta cesión, una posición interpretada jurídicamente como una aprobación implícita después de 30 días del envío del acta de la sesión del consejo comunal, los componentes de la esfera política y civil evocan la responsabilidad de la autoridad local en este asunto. Porque los beneficiarios, incluso en caso de anulación de las decisiones de cesión, siempre pueden recurrir a la jurisdicción administrativa para hacer valer sus derechos e incluso pedir reparación. Un escenario considerado inevitable por observadores que estiman que el daño ya está hecho a pesar de todas las medidas tomadas al respecto. Partidos políticos, sindicatos y asociaciones llegaron hasta pedir la destitución de Mohammed El Ferra quien, según un comunicado firmado conjuntamente por 20 entidades, sigue gestionando la municipalidad de Essaouira a pesar de su condena a cinco años de prisión firme en el marco del asunto de la MGPAP. Los firmantes exhortaron a Abdelilah Benkirane a respetar sus promesas relativas a la lucha contra la depravación, reclamando al mismo tiempo al Ministro de Justicia y Libertades que aclare los entresijos de este asunto calificado de insostenible.

Una concejala municipal había dirigido además una carta al fiscal general del Rey ante el Tribunal de Apelación de Safi pidiéndole que iniciara acciones judiciales contra el conjunto de las partes implicadas en este asunto.